La Unión Europea lanzó un desafío legal contra China en la Organización Mundial del Comercio el viernes, argumentando que los tribunales chinos estaban impidiendo que las empresas europeas protegieran sus patentes de tecnología de telecomunicaciones.

La Comisión Europea, que presentó la impugnación en nombre de los 27 miembros de la UE, dijo que las empresas de la UE estaban siendo disuadidas de acudir a un tribunal extranjero para salvaguardar sus patentes estándar esenciales (SEP).

La Comisión también ha consultado a Estados Unidos y Japón, cuyos titulares de patentes esenciales para estándares enfrentan desafíos similares y quieren establecer estándares tecnológicos globales, en lugar de dejar esto en manos de Beijing.

Los fabricantes de teléfonos móviles necesitan obtener licencias de SEP para que sus productos cumplan con ciertos estándares internacionales.

La Comisión dijo que los tribunales chinos habían estado emitiendo, desde agosto de 2020, «ordenes judiciales anti-demandas», que prohibían a las empresas de la UE acudir a tribunales extranjeros, con la amenaza de fuertes multas como medida disuasoria.

En un caso, la multa fue de EUR 130 000 (aproximadamente Rs. 1,09 millones de rupias) por día, y la práctica socavó las negociaciones de las empresas sobre las tarifas de licencia con los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes, dijo el ejecutivo de la UE.

China dijo que lamentaba el desafío de la UE y que siempre defendió el sistema de comercio multilateral.

La Comisión Europea no especificó las empresas involucradas. Los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes de China son Oppo, Vivo, Xiaomi y Honor, anteriormente propiedad de Huawei. Los titulares europeos de SEP incluyen Nokia y Ericsson.

La Comisión dijo que había planteado el tema en varias ocasiones con China, sin resolución.

El bloque cree que China está violando el acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

Los desafíos ante la OMC comienzan con un período formal de consultas de 60 días entre las partes, después del cual la UE puede solicitar una resolución del panel de la OMC. El proceso, incluidas las posibles apelaciones, puede llevar años.

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